Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales

El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Justicia, ha puesto en circulación un Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales por la que se traspone al ordenamiento jurídico español una Directiva comunitaria de 2010, la Directiva relativa a la protección de los secretos comerciales. Esta Directiva tiene por objeto armonizar la legislación en esta materia de los Estados miembros de la Unión y fomentar la competitividad, al establecer normas mínimas comunes en materia de protección de los titulares de secretos empresariales, frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de los mismos y frente a la explotación no consentida de mercancías infractoras. La norma tiene dos objetivos: por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas europeas que se basa en información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada, por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior. 

Cierto que las empresas españolas están cada vez más expuestas a prácticas desleales, que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, que, a su vez, comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que por su labor de innovación le corresponden. Lo anterior también acarrea la consecuencia de que la creatividad empresarial se puede ver desincentivada con los consiguientes efectos para la inversión y el buen funcionamiento del mercado. España cuenta con una regulación en esta materia, que entronca con las pautas europeas que garantizan el respeto a la propiedad industrial y ofrece medios adecuados para su tutela judicial. Actualmente, la protección del secreto empresarial en mi país se realiza mediante cláusulas de confidencialidad en los contratos celebrados con otros operadores económicos, pactos de confidencialidad incluidos en los contratos de los trabajadores de la empresa y a través de la Ley de Competencia Desleal.

El Anteproyecto regula aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso eficaz y respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable. Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando tanto la creación de obstáculos al libre comercio, como su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. De esta forma, el marco jurídico se refuerza con medidas en tres aspectos: Incorpora una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial. Ofrece un marco normativo para que el demandante pueda preparar el ejercicio de su acción. Incluye reglas singulares en materia de medidas cautelares para asegurar la eficacia de su acción y evitar de manera inmediata la revelación, uso u obtención ilícita del secreto empresarial. Fuente de la información: MJ. Fuente de la imagen: pixabay.

Transparencia y accesibilidad en LaLiga

Fundada en 1984, LaLiga es una asociación deportiva que comprende a los 42 equipos que conforman la primera y segunda división del fútbol profesional en España. LaLiga, con sede en Madrid, es responsable de LaLiga Santander, de LaLiga 123 y de la producción televisiva, que en la temporada 2016/2017 llegaron a más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. La asociación también tiene una fundación activa y es la única liga de fútbol profesional del mundo que tiene una liga para futbolistas con discapacidad intelectual: LaLiga Genuine. Pues bien, esta institución ha presentado a los medios de comunicación un convenio de colaboración con Transparencia Internacional España. Javier Tebas, presidente de LaLiga y Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional fueron los encargados de firmar el acuerdo en nombre de ambas instituciones. Mediante este acuerdo, LaLiga se compromete a dotarse de una política transparente y al seguimiento y control de las actividades realizadas en materia de transparencia, buen gobierno e integridad.

Con la firma de este convenio, LaLiga expresa su total disposición a elevar el nivel de transparencia en el funcionamiento de las organizaciones e instituciones deportivas y se compromete a elaborar y dar publicidad de manera clara y comprensible sobre la organización institucional y estructura administrativa de LaLiga, su gestión económica o la publicación de convenios y contratos, entre otros puntos. “La firma de este Convenio con Transparencia Internacional forma parte de nuestra estrategia para convertirnos en una liga completamente transparente”, declaró Javier Tebas. “Es necesario perder el miedo a la implantación de este tipo de medidas, cualquier institución debería someterse a estos controles para evitar la corrupción”, añadió el presidente de LaLiga (Fuente de la información: Gabinete comunicación de LaLiga; fuente de la imagen: pixabay).

Norma española UNE 19601

Informa AENOR que tras casi dos años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos de los diferentes grupos de interés del compliance penal, por fin se ha publicado hoy la Norma española UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. Esta Norma ha sido elaborada por un subcomité técnico de Normalización de UNE, el CTN 307/SC1 Sistemas de gestión del cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción. En ella se establecen los requisitos para implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de compliance penal en las organizaciones, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en su seno y reducir el riesgo penal, a través del impulso de una cultura ética y de cumplimiento. 

La UNE 19601 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la reforma del Código Penal del año 2010; y a la última reforma del Código Penal de 2015, la cual indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos y cumplan una serie de requisitos, pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal. Así, esta norma desarrolla requisitos que responden a lo indicado por el Código Penal para los modelos de gestión y prevención de delitos, pero también incorpora las buenas prácticas mundialmente aceptadas en materia de compliance. El sistema que establece la UNE 19601 presenta la estructura de Alto Nivel, común a todas las normas internacionales ISO de sistemas de gestión, con lo que es integrable en otros sistemas de gestión. 

El documento está dirigido a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad y sector al que pertenezca. Además, puede ser utilizada en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no españolas. El grupo ya venía trabajando desde 2013 en proyectos de normalización internacional como la Norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso, publicada en octubre de 2016. Este documento ha sido incorporado recientemente al catálogo español de normas como UNE-ISO 37001, tras adoptar la traducción oficial al español de la norma por parte de ISO (Organización Internacional de Normalización).

El sistema que establece la UNE 19601 presenta la denominada estructura de Alto Nivel, común a todas las normas internacionales ISO de sistemas de gestión, con lo que es integrable en otros sistemas de gestión; por ejemplo, en los descritos en la Norma UNE-ISO 19600 Sistemas de gestión de compliance. Directrices o en la UNE-ISO 37001. La mera implantación de la Norma UNE 19601 no conllevará la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí puede constituir un elemento fundamental para acreditar que ésta actuó de forma diligente antes de la comisión del delito y que empleó las mejores prácticas, conforme a modelos estandarizados y consensuados para crear una cultura de prevención que redujera de forma significativa el riesgo de su comisión.

Esta norma será certificable por una tercera parte independiente; un modo de asegurar que se aplica eficazmente. La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma del Código Penal considera que las certificaciones podrán ser valoradas como un elemento adicional de la eficacia de los modelos a la hora de eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas que hayan implantado modelos para la prevención de delitos. El documento está dirigido a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad y del sector al que pertenezca (privado, público, con o sin ánimo de lucro). Además, puede ser utilizada en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no españolas (Fuente de la información: AENOR. Fuente de la imagen: pixabay). Vídeo insertado posteriormente.